La extorsión es el único delito de alto impacto que no disminuye en México. En noviembre de 2025 registraron un aumento de 23.1% en denuncias, según datos del Gobierno Federal, lo que llevó a concretar un Acuerdo Nacional para reforzar la estrategia contra este delito.
El convenio fue firmado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública por la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores, y forma parte de una iniciativa ya aprobada en el Congreso.
Extorsión será investigada por la FGR y perseguida de oficio
Durante la sesión, la presidenta Sheinbaum planteó que la extorsión pasará a tener un carácter federal, lo que permitirá que la Fiscalía General de la República investigue directamente este delito.
“…Involucrarlo también como un delito federal (…) que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor… no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos…”, señaló.
El objetivo, explicó, es retirar la carga de la denuncia a quienes son víctimas y fortalecer la capacidad de investigación.
Estados deberán homologar leyes y crear áreas especializadas
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló los compromisos operativos que implica el acuerdo: desde ajustes legislativos hasta nuevas unidades especializadas.
“…Establece la armonización legislativa en los estados. La creación de áreas especializadas en las fiscalías (…) el fortalecimiento del 089 y un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución…”, afirmó.
La estrategia incluye también lineamientos para mejorar la coordinación entre fiscalías, policías estatales y la federación.
Penalidades más altas ante el repunte de la extorsión
Como parte del esquema acordado, la reforma plantea penas de hasta 42 años de prisión, resultado de la acumulación de agravantes previstas en la ley. El endurecimiento de sanciones busca desincentivar el delito en un contexto de alza sostenida en las denuncias.
Que significa para la ciudadanía
QuéEl acuerdo representa cambios en la forma en que se investiga y denuncia la extorsión:
La denuncia ya no dependerá exclusivamente de la víctima.
La FGR podrá atraer los casos.
Se crearán áreas especializadas a nivel estatal.
El 089 deberá operar con protocolos unificados.
Para los usuarios, este modelo apunta a una ruta de atención más clara y menos burocrática, aunque aún dependerá de la implementación en cada entidad y de la capacidad de reacción de las fiscalías.
Con información de AGENCIAS.
